El panorama financiero está experimentando una transformación sin precedentes de la mano de las finanzas sostenibles. Este enfoque, que integra factores ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en las decisiones de inversión, ha pasado de ser una tendencia periférica a convertirse en un pilar fundamental del sistema financiero global. La movilización de capital hacia proyectos sostenibles no solo representa una oportunidad para mitigar el cambio climático y abordar desafíos sociales, sino que está redefiniendo los conceptos de riesgo, rentabilidad y valor a largo plazo. En España y Latinoamérica, este movimiento está cobrando especial relevancia, impulsado por nuevas regulaciones, cambios en las expectativas de los inversores y la creciente conciencia sobre la necesidad de financiar la transición hacia una economía baja en carbono.
Evolución del mercado de inversiones ESG en España y latinoamérica
El mercado de inversiones ESG en España ha experimentado un crecimiento exponencial en los últimos cinco años. Los activos bajo gestión con criterios de sostenibilidad superaron los 370.000 millones de euros en 2021, representando aproximadamente un 23% de crecimiento medio entre 2015 y 2021. Este aumento refleja una maduración del mercado español, donde tanto inversores institucionales como minoristas están incorporando consideraciones sostenibles en sus carteras. La pandemia de COVID-19, lejos de frenar esta tendencia, ha actuado como catalizador, aumentando la conciencia sobre la vulnerabilidad de los sistemas económicos ante crisis globales.
En Latinoamérica, aunque el mercado de inversiones sostenibles se encuentra en una fase menos avanzada que el europeo, su crecimiento también ha sido notable. México, Brasil, Chile y Colombia lideran la región en términos de desarrollo de mercados financieros sostenibles. Brasil, por ejemplo, ha visto un incremento del 40% en activos gestionados bajo criterios ESG entre 2018 y 2022, mientras que en México, el mercado ha crecido a un ritmo anual cercano al 30% en el mismo periodo.
El apetito por inversiones con impacto positivo ha impulsado la creación de nuevos productos financieros adaptados a las características específicas de estos mercados. Las entidades financieras han respondido desarrollando fondos temáticos centrados en energías renovables, gestión de residuos, agricultura sostenible y acceso a servicios básicos, áreas que representan desafíos particulares en la región latinoamericana.
Un aspecto relevante en la evolución de este mercado ha sido el cambio en la percepción del binomio rentabilidad-riesgo. Los datos demuestran que las inversiones ESG no solo no penalizan los rendimientos, sino que en muchos casos ofrecen una mayor protección contra volatilidades de mercado y riesgos sistémicos. Numerosos estudios académicos han confirmado que las empresas con sólidas prácticas ESG tienden a mostrar mayor resiliencia ante crisis económicas y mejor desempeño financiero a largo plazo.
La integración de criterios ESG en las decisiones de inversión ha dejado de ser una opción para convertirse en un imperativo estratégico. Las entidades que no adapten sus modelos de negocio a esta nueva realidad corren el riesgo de quedarse rezagadas en un mercado cada vez más exigente en términos de sostenibilidad.
Taxonomía verde de la UE y su impacto en los mercados hispanos
La Taxonomía verde de la Unión Europea representa uno de los avances regulatorios más significativos en el ámbito de las finanzas sostenibles. Este sistema de clasificación unificado define qué actividades económicas pueden considerarse ambientalmente sostenibles, proporcionando claridad y transparencia tanto a inversores como a empresas. Para los mercados financieros españoles, la implementación de esta taxonomía supone una profunda transformación en los procesos de evaluación y selección de inversiones, así como en los requisitos de divulgación de información no financiera.
Criterios técnicos de clasificación según el reglamento 2020/852
El Reglamento 2020/852 establece seis objetivos medioambientales fundamentales que definen la taxonomía: mitigación del cambio climático, adaptación al cambio climático, uso sostenible y protección de los recursos hídricos y marinos, transición hacia una economía circular, prevención y control de la contaminación, y protección y recuperación de la biodiversidad y los ecosistemas. Para que una actividad económica sea considerada sostenible según esta taxonomía, debe contribuir sustancialmente a al menos uno de estos objetivos sin causar daños significativos a los demás.
La aplicación de estos criterios técnicos requiere un análisis exhaustivo y multidimensional. Por ejemplo, para considerar que una actividad contribuye sustancialmente a la mitigación del cambio climático, debe demostrar que reduce significativamente las emisiones de gases de efecto invernadero, utilizando las mejores tecnologías disponibles y estableciendo umbrales específicos para cada sector. El concepto Do No Significant Harm (DNSH) exige además que la actividad no obstaculice los demás objetivos ambientales, lo que implica una evaluación integral de sus impactos.
Adaptación del sistema bancario español a la taxonomía verde
El sistema bancario español ha emprendido un ambicioso proceso de adaptación a la taxonomía verde europea. Las entidades financieras están rediseñando sus procesos internos para incorporar los criterios taxonómicos en sus análisis de riesgos, decisiones de financiación y reporting corporativo. La Asociación Española de Banca (AEB) ha desarrollado guías específicas para facilitar esta transición, mientras que el Banco de España ha establecido expectativas supervisoras claras en relación con la gestión de los riesgos climáticos y ambientales.
Grandes entidades como CaixaBank y Bankinter han creado unidades especializadas en finanzas sostenibles, responsables de implementar los criterios taxonómicos en todas las áreas de negocio. Estas transformaciones no están exentas de desafíos, como la disponibilidad de datos fiables, la necesidad de desarrollar nuevas capacidades técnicas y la armonización de los procedimientos internos con los requerimientos regulatorios. Sin embargo, también representan una oportunidad para redefinir las estrategias comerciales y desarrollar nuevos productos financieros alineados con la taxonomía.
Casos de éxito: BBVA y santander en la implementación de marcos ESG
BBVA y Banco Santander se han posicionado como referentes en la implementación de marcos ESG alineados con la taxonomía europea. BBVA ha desarrollado un enfoque integral que incorpora los criterios taxonómicos en su estrategia corporativa, estableciendo objetivos ambiciosos de movilización de capital sostenible. Su metodología de análisis Environmental and Social Framework evalúa sistemáticamente los impactos ambientales y sociales de sus operaciones de financiación, utilizando los criterios de la taxonomía como base para sus decisiones.
Por su parte, el Banco Santander ha implementado su Sustainable Finance Classification System , un marco interno que adapta la taxonomía europea a su modelo de negocio global. Este sistema permite clasificar las operaciones financieras según su contribución a los objetivos ambientales y sociales, facilitando la trazabilidad y el reporting. La entidad ha integrado estos criterios en sus procesos de aprobación de créditos y en el diseño de productos de inversión, lo que le ha permitido incrementar significativamente su cartera de activos sostenibles.
Retos en la homologación de criterios entre europa y latinoamérica
La exportación de los criterios taxonómicos europeos a Latinoamérica presenta desafíos significativos debido a las diferencias en los contextos económicos, sociales y regulatorios. Mientras la taxonomía europea se ha desarrollado en un entorno de alta madurez regulatoria y amplia disponibilidad de datos, los mercados latinoamericanos se caracterizan por una mayor heterogeneidad y distintos niveles de desarrollo en sus marcos normativos de sostenibilidad.
Países como Chile, Colombia y México han comenzado a desarrollar sus propias taxonomías nacionales, inspiradas en el modelo europeo pero adaptadas a sus realidades locales. Estos esfuerzos buscan establecer definiciones comunes sobre qué actividades pueden considerarse sostenibles en el contexto latinoamericano, teniendo en cuenta factores como sus matrices energéticas, prioridades de desarrollo y vulnerabilidades climáticas específicas. El desafío radica en lograr un equilibrio entre la alineación con estándares internacionales y la adaptación a las necesidades locales, evitando fragmentaciones que dificulten la comparabilidad y la atracción de inversiones transfronterizas.
Instrumentos financieros sostenibles emergentes
El ecosistema de instrumentos financieros sostenibles se ha diversificado considerablemente en los últimos años, ofreciendo nuevas vías para canalizar capital hacia proyectos con impacto positivo. Más allá de los ya consolidados bonos verdes, han surgido innovaciones como los bonos sociales, los bonos vinculados a la sostenibilidad (Sustainability-Linked Bonds) y los préstamos verdes, cada uno con características específicas adaptadas a diferentes necesidades de financiación y perfiles de inversión.
Esta proliferación de instrumentos refleja la maduración del mercado y su capacidad para responder a demandas cada vez más sofisticadas tanto de emisores como de inversores. En España y Latinoamérica, estos nuevos vehículos están facilitando la transición hacia modelos económicos más sostenibles, permitiendo financiar desde grandes infraestructuras de energía renovable hasta programas de desarrollo social en comunidades vulnerables.
Bonos verdes y su crecimiento exponencial en el mercado español
El mercado español de bonos verdes ha experimentado un crecimiento exponencial, posicionándose como uno de los más dinámicos de Europa. En 2022, las emisiones superaron los 15.000 millones de euros, lo que representa un incremento del 175% respecto a 2019. Este crecimiento ha sido impulsado tanto por emisores corporativos como por entidades del sector público, destacando las emisiones soberanas del Tesoro español, que ha captado más de 9.000 millones de euros a través de sus bonos verdes.
El atractivo de estos instrumentos radica en su doble beneficio: ofrecen rendimientos competitivos a los inversores mientras financian proyectos con impacto ambiental positivo. Empresas como Iberdrola, Telefónica y Repsol han utilizado estos bonos para financiar sus estrategias de descarbonización, mientras que administraciones públicas como la Comunidad de Madrid o el Ayuntamiento de Barcelona han emitido bonos verdes para financiar proyectos de transporte sostenible, eficiencia energética y gestión de residuos.
Préstamos vinculados a la sostenibilidad (Sustainability-Linked loans)
Los Préstamos Vinculados a la Sostenibilidad (SLL, por sus siglas en inglés) representan una innovación significativa en el panorama de las finanzas sostenibles. A diferencia de los préstamos verdes tradicionales, cuya financiación se destina específicamente a proyectos ambientales, los SLL vinculan las condiciones financieras del préstamo al cumplimiento de objetivos de sostenibilidad predefinidos. Si la empresa logra alcanzar estos objetivos, puede beneficiarse de una reducción en el tipo de interés, creando así un incentivo económico directo para mejorar su desempeño en sostenibilidad.
En España, entidades como MAPFRE, Endesa y Acciona han formalizado préstamos vinculados a la sostenibilidad por importes significativos, con condiciones financieras ligadas a la reducción de emisiones de CO2, el incremento del porcentaje de mujeres en puestos directivos o la mejora en las calificaciones de sostenibilidad otorgadas por agencias especializadas. Los SLL están demostrando ser particularmente efectivos en sectores con elevada huella ambiental, como la industria, la construcción o la energía, donde ofrecen un mecanismo flexible para financiar la transición hacia modelos de negocio más sostenibles.
Fondos de inversión de impacto en sectores estratégicos latinoamericanos
La inversión de impacto está ganando terreno en Latinoamérica, donde numerosos fondos especializados están canalizando capital hacia sectores estratégicos para el desarrollo sostenible de la región. Estos fondos buscan generar no solo retornos financieros, sino también impactos sociales y ambientales medibles y verificables, abordando desafíos específicos como el acceso a energía limpia, la gestión sostenible del agua, la agricultura regenerativa o la inclusión financiera.
Fondos como ALIVE Ventures en México, MOV Investimentos en Brasil o Acumen Latam Capital Partners están liderando este movimiento, invirtiendo en empresas innovadoras que desarrollan soluciones para desafíos sociales y ambientales. Su enfoque combina el rigor financiero con una evaluación exhaustiva del impacto, utilizando metodologías como el Impact Management Project o los IRIS+ metrics para cuantificar y monitorizar sus contribuciones a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Plataformas blockchain para la trazabilidad de inversiones sostenibles
La tecnología blockchain está emergiendo como una herramienta poderosa para mejorar la transparencia y trazabilidad de las inversiones sostenibles. Estas plataformas descentralizadas permiten registrar de manera inmutable toda la información relevante sobre un proyecto sostenible, desde sus impactos ambientales verificados hasta la distribución de los fondos recaudados, creando un registro digital confiable accesible para todos los participantes.
En el contexto hispanohablante, iniciativas como Climatecoin en España o GreenAr en Argentina están desarrollando soluciones basadas en blockchain para certificar la huella de carbono de proyectos y empresas, tokenizar créditos de carbono y facilitar la financiación de proyectos climáticos mediante contratos inteligentes. Estas plataformas están contribuyendo a resolver uno de los principales desafíos de las finanzas sostenibles: la verificación y monitorización del impacto real de las inversiones, reduciendo los riesgos de greenwashing y aumentando la confianza de los inversores.
Estrategias corporativas de descarbonización financiera
Las grandes instituciones financieras globales con presencia en España y Latinoamérica están adoptando estrategias corporativas de descarbonización que van más allá de sus propias operaciones, abarcando también sus carteras de inversión y financiación. Este enfoque integral reconoce que el verdadero impacto climático de una entidad financiera no reside principalmente en su huella directa, sino en las actividades que financia. La descarbonización financiera implica medir, reportar y reducir las emisiones asociadas a préstamos e inversiones, estableciendo objetivos de reducción alineados con el Acuerdo de París y desarrollando planes de transición detallados para sectores intensivos en carbono.
Estas estrategias están transformando profundamente los modelos de negocio de las entidades financieras, que ahora deben incorporar métricas climáticas en sus procesos de análisis de riesgos, decisiones de inversión y relaciones con clientes. El reciente impulso regulatorio, junto con la presión de inversores y la sociedad civil, ha acelerado este proceso, convirtiendo la descarbonización financiera en un elemento central de la estrategia corporativa de las principales entidades del sector.
Metodología PCAF para medición de emisiones financiadas
La Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF) se ha consolidado como el estándar de referencia para la medición y divulgación de emisiones financiadas. Esta metodología proporciona un marco coherente y armonizado que permite a las entidades financieras cuantificar las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas a sus carteras de préstamos e inversiones. El enfoque PCAF clasifica los activos financieros en seis categorías principales: préstamos corporativos, préstamos a pymes, financiación de proyectos, hipotecas residenciales, préstamos para vehículos y renta variable y deuda corporativa.
En España, entidades como Banco Santander, BBVA y CaixaBank han adoptado la metodología PCAF para medir su huella de carbono financiada. El proceso implica recopilar datos de emisiones de sus clientes y contrapartes, aplicar factores de atribución basados en la proporción de financiación aportada, y calcular la intensidad de carbono de sus carteras. Estos cálculos permiten identificar los sectores y actividades más intensivos en emisiones, establecer líneas base para fijar objetivos de reducción y monitorizar el progreso a lo largo del tiempo.
Un aspecto clave de la metodología PCAF es su sistema de puntuación de calidad de datos, que asigna una calificación de 1 (datos verificados a nivel de cliente) a 5 (datos estimados basados en promedios regionales). Esta transparencia sobre la fiabilidad de los datos subyacentes resulta fundamental para mejorar progresivamente la precisión de las mediciones y construir confianza entre los grupos de interés sobre la credibilidad de los compromisos climáticos del sector financiero.
Objetivos SBTi en entidades financieras latinoamericanas
La iniciativa Science Based Targets (SBTi) ha emergido como el marco de referencia para establecer objetivos de reducción de emisiones alineados con la ciencia climática. Su metodología específica para el sector financiero, lanzada en 2020, proporciona herramientas y orientación para que bancos, gestoras de activos y compañías de seguros establezcan metas congruentes con limitar el calentamiento global a 1,5°C. En Latinoamérica, un número creciente de entidades financieras está adoptando este enfoque, que exige descarbonizar no solo las operaciones propias sino también las carteras de préstamos e inversiones.
Banco Bradesco e Itaú Unibanco en Brasil, Bancolombia en Colombia y Banorte en México han sido pioneros en la región al establecer objetivos validados por SBTi. Estas entidades se han comprometido a reducir las emisiones financiadas en sectores intensivos en carbono como generación eléctrica, petróleo y gas, cemento y acero. La metodología SBTi les exige establecer objetivos a corto plazo (5-10 años) y desarrollar estrategias para alcanzar emisiones netas cero a más tardar en 2050, incluyendo planes específicos para eliminar gradualmente la financiación de combustibles fósiles.
Un caso destacable es el de Bancolombia, que ha establecido el objetivo de reducir en un 50% las emisiones financiadas en los sectores de generación eléctrica, transporte y cemento para 2030, respecto a una línea base de 2019. Para alcanzar esta meta, la entidad ha desarrollado una estrategia integral que incluye incorporar criterios climáticos en sus políticas de financiación, desarrollar productos financieros verdes y acompañar a sus clientes en la transición hacia modelos de negocio bajos en carbono mediante asesoramiento especializado y condiciones financieras favorables.
Net-zero banking alliance y compromisos del sector hispano
La Net-Zero Banking Alliance (NZBA), lanzada en abril de 2021 como parte de la Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ), representa el compromiso más ambicioso del sector bancario global para alcanzar emisiones netas cero antes de 2050. Los miembros de esta alianza se comprometen a alinear sus carteras de préstamos e inversiones con trayectorias de emisiones netas cero, establecer objetivos intermedios para 2030 o antes, priorizar sectores de mayor impacto, informar anualmente sobre su progreso y adoptar enfoques de transición basados en descarbonización real de la economía.
El sector bancario hispano ha mostrado un fuerte compromiso con esta iniciativa. En España, las principales entidades financieras—Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell y Bankinter—se han adherido a la NZBA, mientras que en Latinoamérica, bancos líderes como Itaú Unibanco, Banco do Brasil, Bancolombia y Banorte también se han sumado a este compromiso global. La adhesión a la NZBA está impulsando transformaciones profundas en estas entidades, que deben desarrollar capacidades para medir y gestionar riesgos climáticos, establecer objetivos sectoriales específicos y reorientar sus estrategias de financiación.
Las entidades financieras ya no pueden considerar el cambio climático como un riesgo futuro o secundario. La descarbonización de las carteras se ha convertido en un imperativo estratégico que determina la viabilidad a largo plazo del negocio bancario en un mundo que avanza inexorablemente hacia una economía baja en carbono.
Regulación y reporting de finanzas sostenibles
El marco regulatorio de las finanzas sostenibles ha experimentado una rápida evolución en los últimos años, especialmente en Europa, donde la Unión Europea ha desarrollado un ambicioso conjunto de normativas como parte de su Plan de Acción sobre Finanzas Sostenibles. Este entorno regulatorio cada vez más complejo exige a las entidades financieras y empresas adaptarse a nuevos requisitos de divulgación, desarrollar capacidades técnicas específicas y revisar sus estrategias de negocio para asegurar el cumplimiento normativo y aprovechar las oportunidades emergentes en el ámbito de la sostenibilidad.
La transparencia y la divulgación de información no financiera se han convertido en pilares fundamentales de este nuevo ecosistema regulatorio. Los inversores, reguladores y consumidores demandan cada vez más información detallada y comparable sobre el desempeño ESG, lo que está impulsando la adopción de estándares internacionales de reporting y la digitalización de los procesos de recopilación y análisis de datos de sostenibilidad. Este contexto representa tanto un desafío como una oportunidad para el sector financiero hispano, que debe navegar un complejo panorama normativo transnacional.
SFDR y su aplicación en gestoras españolas
El Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles (SFDR, por sus siglas en inglés) ha supuesto un punto de inflexión para las gestoras de activos españolas. Esta normativa europea, aplicable desde marzo de 2021, exige transparencia sobre la integración de riesgos de sostenibilidad, la consideración de impactos adversos y las características ESG de los productos financieros. El SFDR clasifica los fondos en tres categorías: artículo 6 (no promueven características sostenibles), artículo 8 (promueven características ambientales o sociales) y artículo 9 (tienen objetivos explícitos de inversión sostenible).
Las principales gestoras españolas como CaixaBank Asset Management, Santander Asset Management e Ibercaja Gestión han tenido que adaptar sus procesos internos, sistemas de información y documentación comercial para cumplir con estos nuevos requisitos. El impacto ha sido significativo: muchos fondos han sido reclasificados, las políticas de integración ESG se han fortalecido y los equipos dedicados a sostenibilidad se han ampliado. A finales de 2022, aproximadamente el 60% de los activos gestionados por entidades españolas ya se encontraban en fondos clasificados como artículo 8 o 9, reflejando el compromiso del sector con la inversión sostenible.
La implementación del SFDR ha planteado desafíos considerables, como la interpretación de criterios técnicos, la disponibilidad de datos ESG fiables y la necesidad de evitar acusaciones de greenwashing. Las gestoras han tenido que desarrollar nuevas metodologías para evaluar el alineamiento de sus carteras con la taxonomía europea, establecer procesos robustos de due diligence ESG y formular indicadores de sostenibilidad medibles para sus productos. Este esfuerzo está contribuyendo a elevar el estándar de la inversión sostenible en España y a mejorar la comparabilidad entre productos financieros.
Estándares ISSB vs normativa latinoamericana de divulgación
El International Sustainability Standards Board (ISSB), establecido en 2021 en la COP26, representa un avance significativo hacia la armonización global de los estándares de reporting en sostenibilidad. Sus primeras normas, IFRS S1 (requisitos generales) e IFRS S2 (divulgaciones relacionadas con el clima), publicadas en 2023, proporcionan un marco global para la divulgación de información relacionada con la sostenibilidad y el clima en los mercados de capitales. Este enfoque basado en la materialidad financiera prioriza la información relevante para inversores y otros participantes del mercado.
En Latinoamérica, el panorama regulatorio de divulgación ESG se caracteriza por su heterogeneidad. Países como Brasil, Chile y México han avanzado en el desarrollo de marcos normativos propios, mientras que otros se encuentran en etapas más tempranas. En Brasil, la Comissão de Valores Mobiliários (CVM) ha actualizado sus requisitos de divulgación para incorporar elementos ESG en el Formulário de Referência. Chile, por su parte, ha fortalecido las exigencias de reporting a través de la Norma de Carácter General 461 de la Comisión para el Mercado Financiero, que incorpora criterios ESG en la memoria anual de las entidades cotizadas.
La adopción de los estándares ISSB en Latinoamérica presenta tanto oportunidades como desafíos. Por un lado, ofrecen un marco internacionalmente reconocido que puede facilitar la comparabilidad y atraer inversión global. Por otro, su implementación requiere desarrollar capacidades técnicas, sistemas de gestión de datos y mecanismos de aseguramiento que pueden resultar costosos, especialmente para empresas medianas. El éxito de esta transición dependerá en gran medida de la colaboración entre reguladores, empresas, inversores y otros grupos de interés para adaptar estos estándares a las realidades locales sin comprometer su integridad y comparabilidad.
Herramientas tecnológicas para cumplimiento normativo ESG
La creciente complejidad del entorno regulatorio en finanzas sostenibles está impulsando el desarrollo de soluciones tecnológicas especializadas para facilitar el cumplimiento normativo ESG. Estas herramientas, que abarcan desde plataformas de gestión de datos hasta soluciones de análisis avanzado, permiten a las entidades financieras automatizar la recopilación de información, evaluar el alineamiento con marcos regulatorios, monitorizar riesgos de sostenibilidad y generar informes personalizados para diferentes audiencias y requisitos normativos.
En el mercado español han surgido fintechs especializadas como Clarity AI, adquirida por BlackRock, que utiliza inteligencia artificial para analizar el impacto social y ambiental de empresas e inversiones. Otras herramientas como Sustainalytics (propiedad de Morningstar) o MSCI ESG Research se han consolidado como proveedores de datos y análisis ESG para el mercado hispano. Estas plataformas facilitan la implementación de requisitos como el SFDR, la taxonomía europea o la Directiva de Informes de Sostenibilidad Corporativa (CSRD), proporcionando datos estructurados, métricas comparables y análisis de alineamiento.
Las soluciones más avanzadas incorporan capacidades de natural language processing para analizar informes de sostenibilidad, noticias y otras fuentes no estructuradas, así como algoritmos predictivos que identifican tendencias emergentes en sostenibilidad. Algunas entidades están desarrollando también dashboards ESG que integran datos internos y externos para proporcionar una visión completa del desempeño en sostenibilidad de sus carteras y facilitar la toma de decisiones estratégicas. La adopción de estas herramientas está acelerando la transformación digital del sector financiero y contribuyendo a mejorar la calidad, fiabilidad y eficiencia de los procesos de reporting ESG.
Convergencia regulatoria entre sistemas financieros transatlánticos
La convergencia regulatoria entre Europa y América Latina en materia de finanzas sostenibles está ganando impulso, aunque avanza a diferentes velocidades. Mientras Europa lidera con un marco normativo ambicioso y vinculante, los países latinoamericanos están desarrollando enfoques adaptados a sus contextos específicos, a menudo inspirados en los estándares europeos pero con características propias. Esta convergencia resulta fundamental para facilitar flujos de capital sostenible entre ambas regiones y evitar fragmentaciones que generen ineficiencias o arbitrajes regulatorios.
Los esfuerzos de coordinación se están materializando a través de diversas iniciativas. El Network for Greening the Financial System (NGFS), que incluye a bancos centrales y supervisores de ambas regiones, está promoviendo la armonización de enfoques sobre riesgos climáticos. La International Platform on Sustainable Finance (IPSF), de la que forman parte la UE, Chile y México, trabaja en la interoperabilidad de taxonomías y estándares de divulgación. Asimismo, los programas de cooperación técnica entre reguladores europeos y latinoamericanos están facilitando la transferencia de conocimientos y buenas prácticas.